Pymes solicitan alivio fiscal y suspensión de embargos mientras se debate la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó formalmente al Ministerio de Economía que implemente un esquema de protección para el sector frente a las sanciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La petición se enmarca en el reciente anuncio oficial sobre el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, un contexto ante el cual la entidad empresaria reclama suspender de manera transitoria las penalidades, congelar los embargos y activar un programa de financiamiento de deudas para sostener la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas.

El planteo de la organización apunta a que el organismo recaudador no aplique infracciones a las pymes durante el lapso de espera que fije la nueva legislación. En sintonía con esto, propusieron un mecanismo de incentivo para la regularización: si una empresa cumple con la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de dicha prórroga, se le debería otorgar una quita del 50% en el valor de la multa. De acuerdo con el criterio de la cámara, el castigo financiero total regulado por ley solo tendría que ejecutarse si se supera este último plazo sin que el contribuyente haya cancelado su deuda.

Plan de facilidades y freno a las ejecuciones

A raíz de la naturaleza fiscal de la reforma impulsada por el Gobierno, CAME consideró urgente que se interrumpan temporalmente los juicios por ejecuciones fiscales y las trabas de embargos que pesan sobre el sector. Respecto de las herramientas necesarias para ordenar las cuentas de las firmas afectadas, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, detalló la propuesta institucional: “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”.

La solicitud de las pymes se produce en un período condicionado por la retracción de las ventas en el mercado interno y las discusiones en torno a las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar hacia una reforma integral del sistema impositivo. Desde la conducción de la entidad remarcaron que resulta indispensable que las autoridades atiendan estas demandas con el objetivo de resguardar los puestos de trabajo, apuntalar la capacidad competitiva de las empresas locales y viabilizar su continuidad operativa en el tiempo.